España rebaja la factura de las renovables un 90% tras más de 10 años de pleitos

Los recortes a las primas a las renovables incluidos en la reforma eléctrica de 2013 abrió la puerta a que los fondos de inversión e inversores particulares afectados acudieran a distintos tribunales internacionales de arbitrajes para recuperar lo perdido. El Ejecutivo estimó en unos 10.000 millones de euros el coste del medio centenar de demandas presentadas hasta ahora, aunque a día de hoy no es una cantidad cerrada, ya que aún faltan algunas por cuantificar, es decir, todavía no se ha formalizado una reclamación por los daños ocasionados. Tras más de 10 años de pleitos, el Estado español baraja que la cifra final quede en 2.000 millones, una vez se resuelvan todas las demandas y se resuelvan los recursos para lograr su nulidad. Por el momento, la factura ya se ha rebajado entorno a un 88% con respecto a lo reclamado.

Según informó el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en total se han presentado 51 arbitrajes. Según el recuento realizado por CincoDías, a partir de los datos facilitados por el CIADI (Banco Mundial), Uncitral (ONU) y SCC (Estocolmo), hasta la fecha, se han presentado reclamaciones millonarias en 39 de los casos, cuyo total rondan los 8.700 millones de euros, si bien esta cantidad aumentará una vez se cuantifiquen las demandas que aún están en trámite.

Desde 2011, cuando se presentó el primer laudo, el conocido como The PV Investors, por el que se reclamó 1.900 millones de euros y que finalmente terminó con el reconocimiento de una indemnización de 91,1 millones, han concluido 29 demandas y una ha finalizado tras alcanzar un acuerdo. Solo en cinco de estos laudos la victoria ha sido para el Estado, mientras que 21 casos se ha resuelto a favor de los inversores. No obstante, como ocurrió con la primera demanda, el monto a pagar por los daños ocasionados con los recortes dista mucho de lo exigido.

Asimismo, la cifra indemnizatoria ha ido disminuyendo, ya que los servicios jurídicos del Estado lograron anular tres de los 21 procedimientos perdidos. Se trata de los arbitrajes iniciados por NovEnergia (a quien se reconoció la compensación por 53,3 millones de euros); Eiser y Energía Solar (128 millones) y Antin (112 millones). Por otro lado, otros tres fondos inversores terminaron desistiendo de sus intenciones iniciales para acogerse al real decreto-ley que el Gobierno aprobó en 2019 para otorgar a las plantas afectadas una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta 2031, a cambio de no seguir pleiteando. Una de ellas fue la compañía Masdar Solar, de Abu Dabi, que renunció a cobrar 64,5 millones de euros (80 millones con intereses). Por ahora, el coste total ronda los 1.000 millones de euros, pero aumentará según se resuelvan la veintena de arbitrajes pendientes.

Ningún laudo ejecutado

Con estos resultados, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico destacan que los laudos han rebajado “sustancialmente” las indemnizaciones reclamadas “hasta el punto de rondar el 12% sobre lo demandado”, una proporción que, según subrayan, es “muy baja en la práctica habitual de los arbitrajes”. Así, estiman que la factura final sea de cerca de 2.000 millones de euros.

España no ha pagado ni un euro, ya que no se ha ejecutado ni un solo laudo al estar todos recurridos. Por un lado, la Abogacía del Estado se acoge a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de septiembre de 2021, que limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria. Una carta que los servicios jurídicos del Estado han puesto encima de la mesa para tratar de dejar sin efecto las demandas ya resueltas y las que todavía quedan pendiente.

Asimismo, argumenta que dichos pagos pueden constituir una ayuda ilegal de Estado. En consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización, lo notifica a Bruselas, de acuerdo con la Decisión europea por la que se aprobó el régimen de ayudas en apoyo a la generación de electricidad por fuentes renovables de energía y cogeneración, para que dé luz verde a dicho abono, lo cual hasta ahora no ha sucedido.

La última demanda presentada en 2022

El primer arbitraje se presentó en 2011, cuando el grupo The PV Investors reclamó 1.900 millones de euros. Finalmente, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, por sus siglas en inglés), creado por Naciones Unidas, reconoció una indemnización de 91,1 millones de euros. La siguiente demanda por el recorte en la energía verde fue liderada en 2012 por los fondos Charanne y Construction Investments, que solicitaron la devolución de 17,83 millones de euros si bien la Cámara de Comercio de Estocolmo sentenció a favor de España.

No obstante, fue a partir de 2013 con la reforma legislativa que eliminó las retribuciones a numerosas instalaciones renovables cuando se intensificaron la presentación de arbitrajes. El Ministerio que dirige Teresa Ribera aplauden los efectos del real decreto aprobado en 2019, pues, según destacan, favoreció que las denuncias contra España presentadas por los inversores afectados se frenaran “radicalmente”.

La última demanda ha sido planteada en abril de 2022 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversores (CIADI), dependiente del grupo Banco Mundial, por grupo alemán White Owl Capital (WOC), en la que participan un total de 36 sociedades, de las que 27 son españolas. De momento, en este caso, como en otros 10 arbitrajes, no se conoce la cantidad que reclaman al Estado devolver por el recorte de las primas de las renovables.

El Gobierno, a través de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha contratado a uno de los despachos de abogados más reconocidos de Alemania, Schilling, Zutt & Anschütz (SZA), para defender los intereses de España ante los órganos jurisdiccionales alemanes para “la obtención de un pronunciamiento jurisdiccional en el que se declare la improcedencia” del arbitraje iniciado. Según consta en el contrato, consultado por este diario, se abonará 193.600 euros (160.000 euros más impuestos) por los servicios de este bufete, que cuenta con más de 100 años trayectoria.

Fuente: Cinco Días